MINIMIS NON CURAT LEX (LA COMPETENCIA EN EL MERCADO INTERIOR)

MINIMIS NON CURAT LEX

(LA COMPETENCIA EN EL MERCADO INTERIOR)

 

            Con esas palabras: minimis non curat lex, se refiere la jurisprudencia, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (entre ellas la más destacada la sentencia de 28 de febrero de 1991, asunto C-237/89 y el auto de fecha 4 de diciembre de 2014, asunto C-384/13) y de nuestro Tribunal Supremo (entre las más destacadas las sentencias número 31/2011, de 15 de febrero de 2012 y la número 543/2015, de 20 de octubre, ambas dictadas por el Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo) al contenido del artículo 101.1 de las Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 2012/C 326/01 (publicado Diario Oficial n° C 326 de 26/10/2012 p. 0001 – 0390).

            Dicho artículo es el que se encarga de regular la competencia en el mercado o en palabras del propio artículo 101.1 recoge los acuerdos que quedan prohibidos porque su objeto o efecto busque impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior. Para determinar si un acuerdo entre empresas queda prohibido y por ende debe considerarse nulo se debe analizar:

  1. La posición que tienen los contratantes en el mercado, para discernir, si su posición dentro del mercado se puede considerar “débil” o no
  2. El contexto económico y jurídico en el que se inscribe el acuerdo, con especial atención a: la naturaleza de los bienes y servicios contemplados en el contrato, la estructura y las condiciones reales de funcionamiento del mercado.
  3. Las posibilidades de que disponen los competidores nacionales u originarios de otros Estados miembros de implantarse en el mercado, es decir, si existen posibilidades reales y concretas para que un nuevo competidor se pueda establecer.
  4. En qué medida los contratos celebrados con los proveedores de que se trate contribuyen al efecto acumulativo producido por el conjunto de contratos, teniendo en especial cuenta la duración de los contratos, de tal forma, que si la duración pactada es manifiestamente excesiva respecto la duración media de los contratos generalmente celebrados en el mercado afectado, el mismo estará dentro de los contratos prohibidos.

En esta materia constituyen un punto de referencia los umbrales de cuota de mercado. Éstos, fueron determinados por la Comunicación de la Comisión Europea de 2001, relativa a los acuerdos de menor importancia que no restringen la competencia de forma sensible en el sentido del apartado 1 del artículo 81 (hoy 101) del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (2001/C 368/07); que si bien no tienen valor normativo, son tenidos en cuenta por los Tribunales a la hora de analizar los contratos, junto con los criterios anteriores.

Dicha Comunicación considera que no quedan dentro de la prohibición del artículo 101.1 de las Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 2012/C 326/01, cuando la cuota de mercado no supere el umbral: (i) del 15% en los acuerdos entre no competidores; (ii) del 10% en los acuerdos entre competidores y (iii) del 5% cuando se trate de un mercado de referencia. Es decir, por encima de dichos umbrales se considera que puede haber una restricción sensible de la competencia. Y si supera el 5% de cuota en los mercados de referencia, podría considerarse que contribuyen de forma significativa a un efecto acumulativo de exclusión del mercado.

Los contratos más analizados han sido los de suministros de productos petrolíferos, en los que el proveedor es además dueña del terreno donde se encuentra la estación de servicio que es arrendada. Dichos contratos se considera que no son contrarios a la normativa comunitaria siempre que: (1) la cuota de mercado del proveedor no supere el 5% y (2) que la duración del contrato no supere los 25 años (que es la media de duración de dichos contratos según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Con la adopción de esta jurisprudencia del Tribunal Supremo, queda superada la “tesis de la doble barrera” que se venía aplicando para resolver estas cuestiones, y en cuyo desarrollo no entramos, por entender que los criterios expuestos son los que habrá que tenerse en cuenta en la materia. De ahí la importancia que ambas resoluciones del Tribunal Supremo las haya dictado en Pleno, y sin votos particulares.

 

Sergio Molina Basalo

Ex Magistrado – Abogado

Socio responsable del Dpto de Dº Procesal de

ATTIS LEGAL SLP

 

 

Barcelona a 3 de diciembre de 2015

 

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