La obtención de la residencia en España a través de la inversión inmobiliaria

eu-permiso de residencia

A través de la entrada en vigor de la de la Ley de Apoyo a los Emprendedores, y a fin de fomentar la inversión extranjera en España, se ha recogido la posibilidad de obtener la residencia española para aquellas personas que realicen inversiones bajo determinadas circunstancias.

Esta nueva regulación, no hace más que más que equipararse a medidas similares que países como Estados Unidos, Portugal, Irlanda, Chipre y últimamente Andorra, ya implantaron con anterioridad. Parece claro que con esta medida se persigue incentivar que el capital extranjero se interese por nuestro país con el objetivo de intentar favorecer la inversión en España en un momento de crisis económica y financiera.

Estas medidas se centran en que el inversor puede conseguir la residencia, tanto para él como su cónyuge e hijos menores de edad, por un período mínimo de un año, renovable por dos periodos de dos años y hasta llegar a obtener la nacionalidad, sin más requisitos que realizar las inversiones mínimas previstas en la norma.

Dichas inversiones que dan derecho a la obtención de la residencia, y los importes de las mismas, se dividen en cuatro tipos:

a) Adquisición de deuda pública española. Inversión mínima: 2 millones de Euros.

b) Adquisición de acciones o participaciones sociales de empresas españolas, o depósitos bancarios en entidades financiera españolas. Inversión mínima: 1 millón de Euros.

c) Adquisición de bienes inmuebles en España. Inversión mínima: 500.000 Euros.

d) Un proyecto empresarial que vaya a ser desarrollado en España y que sea considerado y acreditado como de interés general, para lo cual se valorará el cumplimiento de al menos una de las siguientes condiciones:

1. Creación de puestos de trabajo.

2. Realización de una inversión con impacto socioeconómico de relevancia en el ámbito geográfico en el que se vaya a desarrollar la actividad.

3. Aportación relevante a la innovación científica y/o tecnológica.

Respecto a la adquisición de inmuebles, en la cual nos vamos a centrar, la Ley marca una inversión mínima de 500.000 Euros, así como que la necesidad que el inmueble esté exento de cargas (hipoteca). Sin embargo, sí pueden haber cargas si el precio es superior al mínimo (500.000 Euros) y la carga es por la diferencia. Es decir, si por ejemplo, alguien desea adquirir un inmueble en España, cuyo valor es de 800.000 Euros, en relación a los primeros 500.000 Euros no puede tener cargas (hipoteca), pero sí en relación a los restantes 300.000 Euros.

El mercado, y más concretamente los inmuebles de alto standing, así como las grandes inversiones inmobiliarias, han pasado a depender casi exclusivamente del cliente internacional, de aquí la importancia de cualquier iniciativa dirigida a facilitar este tipo de inversión. La nueva Ley, como mínimo, debería ayudar a competir en igualdad de condiciones con mercados que podemos considerar como competidores, en que el cliente chino o ruso se ha convertido en el sueño de todos y su captación es un objetivo prioritario.

En este sentido, las características de España resultan privilegiadas, ya que tanto por su situación geográfica como por su nivel de vida, ha sido desde hace años uno de los principales estados donde extranjeros no comunitarios han fijado su residencia habitual, o segunda residencia. Esto se une a la propia situación del sector inmobiliario español, que desde hace unos meses ya resulta altamente atractivo para inversores de todos el mundo por la enorme disminución del precio de los inmuebles, que permite su adquisición por importes altamente competitivos.

Si a todo lo anterior le unimos la posibilidad contemplada en esta normativa, se hace mucho más atractiva la inversión en este país, de ya por si atractivo, dado la concesión automática de la Residencia nos equipará al resto de estados con los que competimos por la inversión extranjera.

Asimismo la concesión de dicha residencia en España abre la puerta de muchos extranjeros al mercado de la Unión Europea, incrementando así, no solo el interés que pueda generar la propia inversión y la residencia en España, sino los enormes beneficios que dicha medida implica, en especial para los naturales de aquellos países emergentes que estén fuera del Tratado de Schengen y que puedan transitar libremente por el territorio de la Unión Europea.

A pesar de ello, la normativa no puede ser vista como solución a toda la problemática del sector inmobiliario de nuestro país, ya que existen muchos otros aspectos que, en paralelo, deberán trabajarse y mejorar, pero es un paso delante de importantísimo.

Además, de su lectura en profundidad, se puede vislumbrar algún aspecto oscuro que la pueda convertir en incompleta a los ojos de una buena parte del inversor internacional.

Cabe recordar que la Ley no contempla en ningún caso conlleva la obtención de un permiso de trabajo. Es decir, se estará facultado para residir en España, tener propiedades, inversiones, sociedades, etc, pero no se tendrá permiso para trabajar (sea por cuenta propia o ajena). Ello limita considerablemente el atractivo para una parte de potenciales compradores, que a la vez de realizar una inversión en nuestro país aspiran a desarrollar una tarea profesional por si mismos, o por cuenta de terceros para ponerse al frente de un negocio, durante este periodo de inicial de 5 años. En este sentido, si dentro del período se desease trabajar, sería necesario tramitar un nuevo permiso de Residencia, fundamentado en otros motivos (y con otros requisitos) diferentes al de la inversión, aunque el hecho de residir ya en España facilita muchos los trámites.

En el caso de que dicha inversión inmobiliaria se realizara a través de una sociedad mercantil, no habría la posibilidad de obtener la residencia. Pero como se ha dicho, la ley abre la puerta a dicha posibilidad si el inversor realiza la aportación a una empresa española ya constituida o creada al efecto y ésta adquiriera el inmueble. En tal caso, la inversión debería ascender a un millón de Euros.

Requisitos para la obtención de la residencia por la adquisición de un inmueble:

1.- Inversión mínima de 500.000 Euros sin cargas. En caso de que la inversión fuera superior a 500.000 Euros, respecto a la diferencia sí podrían establecerse cargas (hipoteca).

2.- Se deberá acreditar la adquisición mediante certificación del Registro de la Propiedad o si aún no está inscrita, la certificación conforme se ha presentado en el Registro.

Además de los requisitos propios de la inversión, están los propios que se tienen que cumplir para cualquiera de los trámites propios para la obtención de la residencia, esto es:

a) No encontrarse irregularmente en territorio español.

b) Ser mayor de 18 años.

c) Carecer de antecedentes penales en España y en los países donde haya residido durante los últimos cinco años, por delitos previstos en el ordenamiento jurídico español.

d) No figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.

e) Contar con un seguro público o un seguro privado de enfermedad concertado con una Entidad aseguradora autorizada para operar en España.

f) Contar con recursos económicos suficientes para sí y para los miembros de su familia durante su periodo de residencia en España.

Respecto a la duración del permiso de residencia, en primer lugar otorgan un visado de residencia por un periodo de un año, tras verificar que se cumplen los requisitos legalmente establecidos (tanto al inversor, como su cónyuge y/o hijos menores). Si se deseara continuar con la residencia una vez transcurrido el año, podrá solicitarse autorización de Residencia por inversión por un plazo de dos años más, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

a) Ser titular de un visado de residencia para inversores en vigor o hallarse dentro del plazo de los noventa días naturales posteriores a la caducidad de éste (es decir, el visado que hemos indicado en el apartado anterior)

b) Haber viajado a España al menos una vez durante el periodo de un año que se había autorizado para residir.

c) Se deberá demostrar que el inversor es aún propietario del bien o bienes inmuebles objeto de inversión u otros adquiridos durante ese periodo por el precio mínimo de 500.000 Euros. Para ello deberá aportar el certificado o certificados de dominio del Registro de la Propiedad que corresponda al inmueble o inmuebles y debe estar fechado dentro de los 90 días anteriores a la presentación de la solicitud.

d) El cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria y de Seguridad Social que se tuvieran haber cumplido.

Una vez transcurrido el plazo, se podrá prorrogar 2 años más y una vez finalizado dicho periodo ya podrá solicitarse la Residencia permanente en España, siempre y cuando haya mantenido una residencia continuada.

 

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