Breve concepto de consumidor a nivel nacional y de la Unión Europea

Breve concepto de consumidor a nivel nacional y de la Unión Europea

 

El pasado 3 de septiembre de 2015 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 4ª) dictaba una sentencia por la cual se reconocía un abogado (autónomo) el carácter de consumidor y usuario previsto en el artículo 2.b) de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993.

Dicha Sentencia es el resultado de una cuestión prejudicial planteado por la jurisdicción ordinaria rumana, concretamente se solicitaba que el Alto Tribunal de la Unión Europea  se manifestase si una persona que ejerce la abogacía y contrata un contrato de crédito, sin que se manifieste su finalidad, y garantizado mediante hipoteca por el despacho, y por tanto, firmada por el abogado en calidad de representante del Despacho, tiene la condición de consumidor, de conformidad con la directiva citada.

La duda que le surge al órgano judicial rumano, es comprensible, ya que al consumidor se le protege legalmente, porque se encuentra en una posición vulnerable cuando contrata. Posición de inferioridad, que puede dudarse, cuando es un letrado quien contrata; ya que se le presumen ciertos conocimientos legales que llevan a dudar que dicha persona este en una posición vulnerable o de inferioridad.

En dicha situación el Tribunal otorga la condición de consumidor al letrado por el único motivo que el contrato que celebra es ajeno a su actividad profesional, y la hipoteca que garantiza dicho crédito, es un aspecto accesorio del mismo. El acento el Tribunal lo recalca en que dicho crédito no es para la actividad profesional. De ahí que se haya extendido que cualquier profesional que contrata fuera de su actividad profesional deberá considerarse consumidor, y por consiguiente tendrá a su alcance el ejercicio de las acciones de nulidad por cláusulas abusivas.

Cabe decir, que dicha Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es acorde con la de la Sala Tercera del mismo Tribunal, de fecha 22 de noviembre de 2001. Dicha Sentencia establece que en virtud del tenor literal del art. 2.b de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, solamente una persona física puede ostentar la condición de consumidor.

Por tanto, el Tribunal fija la doctrina que un abogado o empresario será consumidor siempre y cuando acumulativamente se den dos circunstancias:

  • sea persona física
  • actúe fuera de su ámbito profesional

Si no se reúnen esas dos condiciones acumulativamente, no estaremos en presencia de un consumidor.

En nuestro ámbito nacional, si bien es cierto que el artículo 3 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, contempla que solo las personas físicas tendrán la condición de consumidor, lo amplia a aquellas personas jurídicas que actúen: (i) sin ánimo de lucro y (ii) en un ámbito ajeno a una actividad profesional o empresarial.

Fijado el anterior precepto, el cual en esencia viene a coincidir con el artículo 2.b de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993. No es menos cierto, que su interpretación jurídica no ha sido uniforme. Han existido y existen sentencias en ambos sentidos. Las que entienden que una persona jurídica es consumidor (SAP Gerona, Sec. 2ª núm. 155/2010; SAP Barcelona Sec. 4ª, núm. 258/2012; SAP Valencia núm. 7/2012, entre otras) ponen el acento en que el bien que adquieren no es para ponerlo en el comercio, sino que está fuera de su ámbito empresarial.

Las que entienden que las personas jurídicas no son consumidores, lo hacen por la aplicación literal del precepto citado (SAP Barcelona, Sec 16ª, núm. 245/2011; SAP Madrid Sec. 14ª, núm. 458/2011; entre otras).

Por tanto en nuestro ámbito judicial, al no estar claro el criterio jurisprudencial (que no el legal, el cual entendemos que no deja lugar a dudas) habrá que intentar defender la posición del cliente.

20 de octubre de 2015

Sergio Molina Basalo

Socio Attis Legal, S.L.P

Abogado- Exmagistrado

 

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